Cristina puso fin a la polémica resolución con el decreto 1176. Fue la respuesta oficial al revés en el Senado en manos del vicepresidente Cobos. La decisión fue anunciada por Alberto F., quien hasta último momento defendió la medida y lamentó "el violento lock out" que produjo. La jefa de Estado recibe a legisladores en Olivos.
De manera breve y sin lugar a preguntas, el Gobierno anunció la derogación de la resolución 125/08 del Ministerio de Economía que el 10 de marzo hizo móviles e impuso el aumento de las retenciones a las exportaciones de granos, medida que había provocado una protesta de 129 días por parte del sector agropecuario.
El encargado de leer el decreto 1176 fue el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Un símbolo, ya que durante los primeros tres meses fue el encargado de negociar, sin éxito, con las entidades del sector rural para que aceptaran la voluntad del Gobierno; también fue uno de los últimos en tratar de convencer al vicepresidente Julio Cobos para que no vote contra el proyecto oficial en el Senado de la Nación.
Antes de enunciar el fin de" la 125", Alberto volvió a defenderla: sirve para que "exista equidad distributiva y territorial”, “mayor equidad en las relaciones económicas”, “equilibrio en los precios internos" y para “mantener un volumen de oferta adecuada”.
A continuación, explicó que esta medida "fue pretexto para un violento lock out, que inició una escalada con cortes de ruta, desabastecimiento, coacciones, agresiones verbales y físicas"; y que para darle mayor institucionalidad fue enviada al Congreso, órgano que, según el Gobierno, no "ha podido resolver la cuestión". Por ende, "corresponde al Poder Ejecutivo tomar medidas para destrabar la situación".
Tras repasar todos estos argumentos, que habían sido consensuados previamente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno cumplió con su anunciado respeto a la decisión del Parlamento: "Ordenamos dejarla sin efecto para que puedan discutirse en democracia y pluralidad, pero con instituciones que estén exentas de presiones".
El encargado de leer el decreto 1176 fue el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Un símbolo, ya que durante los primeros tres meses fue el encargado de negociar, sin éxito, con las entidades del sector rural para que aceptaran la voluntad del Gobierno; también fue uno de los últimos en tratar de convencer al vicepresidente Julio Cobos para que no vote contra el proyecto oficial en el Senado de la Nación.
Antes de enunciar el fin de" la 125", Alberto volvió a defenderla: sirve para que "exista equidad distributiva y territorial”, “mayor equidad en las relaciones económicas”, “equilibrio en los precios internos" y para “mantener un volumen de oferta adecuada”.
A continuación, explicó que esta medida "fue pretexto para un violento lock out, que inició una escalada con cortes de ruta, desabastecimiento, coacciones, agresiones verbales y físicas"; y que para darle mayor institucionalidad fue enviada al Congreso, órgano que, según el Gobierno, no "ha podido resolver la cuestión". Por ende, "corresponde al Poder Ejecutivo tomar medidas para destrabar la situación".
Tras repasar todos estos argumentos, que habían sido consensuados previamente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno cumplió con su anunciado respeto a la decisión del Parlamento: "Ordenamos dejarla sin efecto para que puedan discutirse en democracia y pluralidad, pero con instituciones que estén exentas de presiones".
